Bogotá, 09 de diciembre de 2025 (@FEDe_Colombia_). El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el presidente de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. La demanda busca proteger los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa y el uso del espacio y bienes públicos de los habitantes del Valle del Cauca, vulnerados con ocasión al recrudecimiento del conflicto armado.
En la demanda, FEDe. Colombia documentó el alarmante crecimiento y expansión de grupos armados ilegales en Jamundí, Buenaventura, Cali, Florida, Pradera, Cartago y otros, junto a denuncias de atentados, extorsiones, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados, restricciones de movilidad y control territorial. Tal como lo han constatado los entes de control, estos actos violan de forma sistemática los derechos colectivos de la población y constituyen una omisión del Estado al no garantizar seguridad ni protección efectiva.
Entre los argumentos centrales de la acción popular, FEDe. Colombia señaló que los grupos al margen de la ley que operan en el departamento se han fortalecido en vigencia de la suspensión de órdenes de captura, ceses al fuego bilaterales y la falta de operación efectiva de Fuerza Pública. Esas medidas, lejos de contribuir a la paz, habrían incentivado la expansión de estas estructuras en más de 700 municipios del país, según denuncias recientes de autoridades departamentales.
En la demanda se solicita adoptar medidas ofensivas y sostenidas para recuperar el control territorial, cesar las omisiones estatales, reforzar el pie de fuerza, la inteligencia y la presencia estatal en las zonas críticas, establecer metas, indicadores y responsables verificables para garantizar la seguridad en el territorio, y diseñar e implementar un plan especial de protección para comunidades indígenas, población víctima del conflicto, los líderes sociales y la población civil en general.
Para FEDe. Colombia, esta admisión representa un avance relevante en la protección de los derechos colectivos de los vallecaucanos ante la creciente inseguridad. “La seguridad no es un favor del Estado, es una obligación constitucional; las familias del Valle merecen vivir sin miedo”, afirmó Andrés Caro, director de la Fundación.
Recientemente en el foro regional organizado por el diario El País en Buga “El Valle del Cauca se escucha a sí mismo”, Guillermo Londoño Ricaurte, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, cuestionó la eficacia de la política de Paz Total y advirtió que la “expansión de los grupos armados es más profunda de lo imaginado”. Según sus declaraciones, se reafirma que los grupos aprovecharon decisiones como los ceses al fuego y la suspensión de órdenes de captura para fortalecerse, aumentar su capacidad de fuego, multiplicar su presencia territorial y operar ahora en más municipios que antes.
En consecuencia, FEDe Colombia informa a la ciudadanía la presente acción popular, radicada bajo el número 76001233300020240076300 invita a las personas que se consideren afectadas por la situación de inseguridad pública en el Valle del Cauca a ejercer activamente la defensa de los derechos colectivos vulnerados.
