- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda contra RTVC por la presunta pérdida de independencia y el uso político de los medios públicos, así como por las omisiones del MinTIC en su deber legal de seguimiento y control del sector, lo que enciende alertas sobre el pluralismo y la veracidad informativa en Colombia.
- La acción presentada señala un presunto sesgo editorial a favor del Gobierno que comprometería la moralidad administrativa y la función democrática del sistema de medios públicos.
Bogotá, 26 de noviembre de 2025 (@FEDe_Colombia_). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra RTVC Sistema de Medios Públicos y el Ministerio TIC, y ordenó la vinculación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por actuaciones y omisiones que, en la demanda, muestran una alineación editorial con el Gobierno, la exclusión de voces críticas, la eliminación de contenidos educativos y culturales, el uso de un lenguaje incompatible con los principios de neutralidad y respeto institucional y un deterioro del pluralismo informativo que debe caracterizar a los medios públicos financiados con recursos de todos los colombianos.
Para FEDe. Colombia, en los últimos dos años se ha consolidado progresivamente un patrón de injerencia política en la línea editorial. Ha habido renuncias y despidos de periodistas y directivos que denunciaron presiones, incremento en la exposición de contenidos favorables al Gobierno, supresión de la programación infantil, cultural y educativa, e incorporación de mensajes explícitos en respaldo a iniciativas gubernamentales, como la consulta popular y la eventual Asamblea Nacional Constituyente.
Entre los casos documentados están la salida de Iván García, quien se desempeñó como director de Radiónica durante 25 años y aseguró que expresar desacuerdos editoriales tuvo consecuencias profesionales para él, la renuncia de Ángela María Arboleda, exdirectora de Radio Nacional, quien denunció “injerencia absoluta del Gobierno”, y la salida de Silvana Orlandelli, exdirectora de Señal Colombia, tras alertar sobre la eliminación de franjas infantiles y de proyectos educativos de la programación del canal. Lo documentado en la demanda se suma a otras denuncias recientes como la de la periodista Cielo Reyes, quien afirmó haber sido “acosada, humillada y perseguida” por directivos de RTVC.
La acción popular documenta episodios en los que RTVC habría operado como plataforma de promoción política sin ningún contraste crítico ante a las posturas favorables al Gobierno, con titulares totalmente alineados con la narrativa oficial. También, la transmisión de programas declaradamente partidistas e ideológicos, como una edición especial de La Base dedicada a acusar a los medios tradicionales de “golpismo mediático”. Uno de los hechos más controvertidos fue la emisión de un especial sobre Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, que, por ser considerado como apologista por varios sectores, generó rechazo por exaltar en la televisión pública a un actor armado responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
La acción también señala que, en algunos programas de Radio Nacional, se han emitido acusaciones, dirigidas contra actores políticos y periodistas, que no se ajustan a los estándares de neutralidad y pluralidad exigidos a los medios públicos. Cita, por ejemplo, emisiones en las que se atribuyeron motivaciones políticas a acciones de interés nacional o se deslegitimó a sectores críticos del gobierno. Según FEDe. Colombia, estos casos desconocen los lineamientos editoriales de RTVC y los estándares internacionales que rigen la comunicación estatal.
Las omisiones del MinTIC también son objeto de la demanda. A pesar de denuncias públicas y de las alertas de organizaciones nacionales e internacionales, como la CIDH, el Ministerio no ha adoptado acciones preventivas ni correctivas. La CRC, por su parte, informó que apenas inició averiguaciones preliminares y que su estudio más reciente sobre riesgos al pluralismo informativo se realizó en 2022, pese a los evidentes cambios editoriales en RTVC en los últimos dos años.
El riesgo para los derechos colectivos aumenta por la enorme cobertura nacional del sistema, que alcanza el 93 % del territorio y que en muchas regiones apartadas es la única fuente disponible de información. “Cuando la única señal que recibe un territorio está sesgada, no solo se afecta el derecho a la información, se afecta la democracia misma”, afirmó Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, quien también dijo que “RTVC no puede convertirse en un instrumento de propaganda; su misión constitucional es servir a los ciudadanos, no al Gobierno”.
