El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Directiva Presidencial 11 de 2024, que obliga a entidades públicas
a destinar un porcentaje fijo de su presupuesto de comunicaciones para contratar medios comunitarios y alternativos.
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El Consejo de Estado admite demanda que cuestiona la legalidad de una orden presidencial que obliga a destinar 33,3 % de pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y nuevas tecnologías
