La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) expresa la grave preocupación ante las denuncias presentadas recientemente por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en las que se señala la posibilidad de que miembros del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tengan vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frente, la organización criminal de las disidencias de las FARC bajo el liderazgo de Alexander Díaz, alias “Calarcá”. De ser ciertas estas denuncias, la presunta infiltración de esta organización criminal en el seno de nuestras Fuerzas Armadas y de la DNI comprometería no solo la capacidad del Estado colombiano de defenderse ante los embates del narcotráfico y el terrorismo, sino también los principios y las instituciones del Estado de Derecho en los que se sostiene nuestra vida democrática.
La nación colombiana ha depositado su confianza en todos los integrantes de la Fuerza Pública y de los organismos del gobierno para que protejan la legalidad y garanticen la vida, la seguridad, la propiedad y los derechos de todos los colombianos. Que un general del Ejército y un funcionario del DNI presuntamente colaboren con las organizaciones que conspiran y actúan contra el Estado y las leyes de Colombia es una amenaza directa contra el Estado de Derecho, pues mina el contrato social más fundamental y socava el esfuerzo de las instituciones colombianas por consolidar la paz y proteger los derechos de la ciudadanía.
Por lo anterior, FEDe. Colombia rechaza el intento del presidente Gustavo Petro de deslegitimar estas denuncias cuestionando la integridad de Noticias Caracol y de quienes han señalado la gravedad de la posibilidad de que una organización criminal haya infiltrado el Ejército y la DNI. No le corresponde a él, sino a las entidades del Estado designadas en la Constitución y las leyes para hacerlo, investigar de manera independiente e imparcial si estas gravísimas denuncias son ciertas. Sus pronunciamientos no solo van más allá de sus funciones como presidente, sino que podrían entenderse como un intento por interferir en las investigaciones que han de seguir, a la vez que se insertan en un patrón ya consolidado de ataque a los medios de comunicación independientes por parte del gobierno.
Por la gravedad de los hechos denunciados, FEDe. Colombia hace un llamado a que las investigaciones avancen con seriedad y rapidez, y a que, mientras estas duren, se aparte de sus cargos a todas las personas señaladas. Por esto, FEDe. Colombia considera que el anuncio del procurador Gregorio Elijah de que Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía serán suspendidos para proteger la investigación es apropiado, a la vez que le solicita a la Procuraduría General de la Nación actuar con celeridad y contundencia, adoptando todas las medidas necesarias frente a la magnitud de las acusaciones. La respuesta del Estado debe ser oportuna, transparente y firme.
En un momento en el que están amenazados los fundamentos del Estado de Derecho en Colombia, así como la posibilidad misma de defender las instituciones colombianas del crimen, la respuesta del Estado debe ser certera, oportuna, transparente y decidida.
