La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) rechaza con firmeza las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dirigidas contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. La exigencia de su renuncia y las descalificaciones personales, al señalarlo de hacer “politiquería” y de poner la Corporación “al servicio de los poderosos”, no constituyen un ejercicio válido de crítica institucional. Por el contrario, representan un ataque directo a la independencia judicial, motivado por la inconformidad del ministro frente al ejercicio legítimo de control que la Constitución confiere a la Alta Corte.
Aunque cuestionar las decisiones de la Corte Constitucional es posible e incluso saludable en una democracia, dichas críticas deben formularse a través de argumentos jurídicos sólidos y no desde la mera inconformidad política. Señalar que el presidente de la Corte se ha convertido en un “líder de la oposición” constituye una descalificación sin sustento en hechos y responde únicamente al desacuerdo del ministro con el sentido de las decisiones que dicha Corporación ha adoptado. Es inadmisible que un alto funcionario utilice su investidura para deslegitimar a la Corte Constitucional y estigmatizar a su presidente por cumplir con el mandato que la Constitución le confiere.
En un sistema democrático, el control judicial sobre las leyes y los actos del poder público no puede interpretarse como oposición política ni como un ejercicio de confrontación ideológica. Se trata de un deber institucional orientado a garantizar la supremacía de la Constitución como norma superior del ordenamiento jurídico, así como de la protección efectiva de los derechos fundamentales y la preservación del orden constitucional. Desconocer esta naturaleza implica erosionar otros principios igual de relevantes como la separación de poderes y debilitar los contrapesos que resguardan la integridad del Estado de Derecho en Colombia.
La Fundación subraya que la fortaleza, autonomía y legitimidad de la Corte Constitucional son condiciones esenciales para la estabilidad institucional y la vigencia de la democracia. Por ello, advertimos que los ataques provenientes de altos funcionarios del Estado ponen en riesgo la confianza ciudadana en la justicia y la solidez del Estado de Derecho. Exigimos un debate público responsable, fundado en la Constitución y no en agravios personales o discursos políticos, y llamamos a los servidores públicos a honrar con sus actos la dignidad de las instituciones que representan.
