Las 30 organizaciones firmantes, articuladas en la Alianza por la Democracia, hacemos un llamado al gobierno colombiano a atender con seriedad y prontitud a las alertas que, sobre el riesgo de violencia política en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, han emitido la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Human Rights Watch (HRW), entre otras instituciones y grupos. El consenso de los informes es que el 2025 fue un año crítico en términos de orden público y expansión de los grupos armados ilegales en Colombia, lo que amenaza con impedir que las elecciones que empezarán en menos de un mes se desarrollen de manera pacífica y justa. Ante la gravedad de la situación y del riesgo que se cierne sobre la vida democrática en Colombia, exhortamos al gobierno a que responda urgentemente ante esta amenaza para asegurar que haya elecciones libres, transparentes y seguras.
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El Tribunal Administrativo de Casanare admite acción popular por la crisis de seguridad en el departamento
El Tribunal Administrativo de Casanare admitió una acción popular por el deterioro de la seguridad y la expansión de grupos armados ilegales en el departamento. La decisión abre la posibilidad de que se evalúen medidas urgentes para proteger a la población civil y los derechos colectivos a la paz y la Seguridad pública en esta región de la Orinoquía.
La demanda fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el Presidente de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, por presuntas omisiones en el control territorial y en la protección de la población civil. Según la demanda, estas omisiones han permitido la vulneración sistemática de los derechos a la paz y la seguridad pública de los habitantes. Con su admisión, el Tribunal consideró que existen elementos suficientes para estudiar de fondo la actuación del Estado frente a la crisis de orden público en el Casanare.
Este proceso judicial se da en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en municipios como Yopal, Aguazul, Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena, Villanueva, Sácama, Támara, Hato Corozal y Paz de Ariporo. La demanda documenta la presencia y expansión en estas zonas de estructuras armadas ilegales, entre ellas el ELN, facciones disidentes de las FARC y otros grupos armados organizados, que tienen impacto directo sobre la población civil.
La demanda recoge alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e informes de organismos nacionales e internacionales que advierten sobre confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales, restricciones a la movilidad y perjuicios graves a comunidades indígenas. En particular, se destaca la situación del resguardo indígena Caño Mochuelo, donde varios pueblos han sido afectados por el avance de actores armados y la imposición de controles ilegales sobre el territorio.
Según lo expuesto en la acción popular, la situación de seguridad se ha agravado tras la implementación de ceses al fuego y procesos de diálogo que no han estado acompañados de mecanismos eficaces de verificación ni de una presencia estatal suficiente para contener la expansión de los grupos armados. Esto ha derivado en un aumento del accionar violento y del control armado de estos grupos ilegales en distintas zonas del departamento.
Ahora el Tribunal Administrativo de Casanare deberá pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares de urgencia, que podrían traducirse en órdenes inmediatas para fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de seguridad en los municipios más afectados.
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Tribunal admite acción popular por deterioro de la seguridad y vulneración de derechos colectivos en el departamento del Cauca
El Tribunal Administrativo del Cauca admitió la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) en defensa de los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública y la protección de la población civil en el departamento del Cauca, en medio del recrudecimiento de la violencia armada y la persistente crisis de orden público que afecta a la región.
La demanda documenta un patrón sostenido de expansión y control territorial por parte de grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros, fenómeno que se ha intensificado en municipios como Argelia, Toribío, Cajibío, Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caldono, Puerto Tejada, Silvia y Piamonte. En estas zonas se reportan ataques contra la población civil, uso de artefactos explosivos, desplazamientos forzados, confinamientos, imposición de normas de control social y graves afectaciones a comunidades indígenas y líderes sociales.
Con la admisión de la acción, el Tribunal podrá pronunciarse sobre la procedencia de medidas cautelares de urgencia, que podrían traducirse en órdenes judiciales inmediatas dirigidas a las entidades accionadas para fortalecer la presencia institucional, restablecer el control territorial y garantizar la protección efectiva de la población civil, en especial de comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, así como de líderes sociales en riesgo.
La decisión se conoce semanas después de un ataque con explosivos lanzados desde drones ocurrido en enero en el municipio de Cajibío, que afectó bienes civiles, infraestructura y viviendas, y dio muestra tanto de la capacidad operativa de los grupos armados ilegales como de la vulnerabilidad de la población civil. Este hecho se suma a una cadena de hostigamientos armados, de atentados y de restricciones a la movilidad que continúan registrándose en distintos municipios del Cauca.
“La acción no cuestiona los esfuerzos que debe hacer el Estado, pero esa construcción de la paz debe ser compatible con la protección real y verificable de la vida, la seguridad y los derechos colectivos de quienes habitan el territorio”, aseguró Andrés Caro, director de la Fundación, quien agregó que “los hechos recientes como el ocurrido en Cajibío muestran que la situación de seguridad en el Cauca sigue siendo crítica y que requiere respuestas inmediatas, coordinadas y eficaces por parte del Estado”.
El Tribunal deberá ahora evaluar las medidas solicitadas y definir las responsabilidades institucionales frente a un problema que continúa afectando gravemente a la población del departamento.
