La Fundación para el Estado de Derecho, cuya misión es promover el respeto por los principios democráticos, la separación de poderes y la institucionalidad, rechaza de manera categórica las acusaciones dirigidas por el ministro del Interior contra la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia. En un video difundido en redes sociales, el ministro la calificó con términos ofensivos que ponen en duda y cuestionan tanto la salud mental de la magistrada, como su integridad judicial. Estos insultos, impropios de un alto funcionario, atentan contra la dignidad de una magistrada en ejercicio y vulneran el respeto que debe existir entre las ramas del poder público.
Este tipo de declaraciones son violentas, inadmisibles y contrarias a los principios del Estado de Derecho. Los ataques personales no solo buscan desacreditar a una jueza, sino el proceso judicial que esta dirige también. En lugar de propiciar un debate fundado en argumentos y evidencia, generan un clima de intimidación. En Colombia, el respeto por el debido proceso, la imparcialidad de los jueces y la dignidad de las personas son pilares fundamentales de la democracia. Cuando un alto funcionario recurre a la descalificación personal de quienes administran justicia, se compromete la independencia judicial y se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Este comportamiento no es un hecho aislado. Otros miembros del Gobierno han protagonizado incidentes que reflejan un patrón de desprecio verbal contra personas e instituciones. El mismo presidente de la República ha hecho declaraciones en contra de jueces, de las altas Cortes, de la Fiscalía General de la Nación y de la Constitución Política.
Las diferencias entre los funcionarios y entre los poderes públicos (normales en una democracia liberal con separación de poderes) deben resolverse por medio de los canales legales y nunca a través de agresiones verbales ni descalificaciones personales. Así mismo, es indispensable proteger el derecho a la defensa y garantizar el debido proceso para todas las personas, incluidas las que ocupan cargos en el gobierno.
La Fundación para el Estado de Derecho hace un llamado a respetar la separación de poderes, a los jueces y juezas y a la justicia colombiana.
