El Tribunal Administrativo del Cauca admitió la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) en defensa de los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública y la protección de la población civil en el departamento del Cauca, en medio del recrudecimiento de la violencia armada y la persistente crisis de orden público que afecta a la región.
La demanda documenta un patrón sostenido de expansión y control territorial por parte de grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros, fenómeno que se ha intensificado en municipios como Argelia, Toribío, Cajibío, Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caldono, Puerto Tejada, Silvia y Piamonte. En estas zonas se reportan ataques contra la población civil, uso de artefactos explosivos, desplazamientos forzados, confinamientos, imposición de normas de control social y graves afectaciones a comunidades indígenas y líderes sociales.
Con la admisión de la acción, el Tribunal podrá pronunciarse sobre la procedencia de medidas cautelares de urgencia, que podrían traducirse en órdenes judiciales inmediatas dirigidas a las entidades accionadas para fortalecer la presencia institucional, restablecer el control territorial y garantizar la protección efectiva de la población civil, en especial de comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, así como de líderes sociales en riesgo.
La decisión se conoce semanas después de un ataque con explosivos lanzados desde drones ocurrido en enero en el municipio de Cajibío, que afectó bienes civiles, infraestructura y viviendas, y dio muestra tanto de la capacidad operativa de los grupos armados ilegales como de la vulnerabilidad de la población civil. Este hecho se suma a una cadena de hostigamientos armados, de atentados y de restricciones a la movilidad que continúan registrándose en distintos municipios del Cauca.
“La acción no cuestiona los esfuerzos que debe hacer el Estado, pero esa construcción de la paz debe ser compatible con la protección real y verificable de la vida, la seguridad y los derechos colectivos de quienes habitan el territorio”, aseguró Andrés Caro, director de la Fundación, quien agregó que “los hechos recientes como el ocurrido en Cajibío muestran que la situación de seguridad en el Cauca sigue siendo crítica y que requiere respuestas inmediatas, coordinadas y eficaces por parte del Estado”.
El Tribunal deberá ahora evaluar las medidas solicitadas y definir las responsabilidades institucionales frente a un problema que continúa afectando gravemente a la población del departamento.
