La Fundaci\u00f3n para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) analiza con preocupaci\u00f3n el proyecto normativo publicado por el Ministerio de Hacienda, que podr\u00eda desvirtuar la naturaleza privada del ahorro individual. La medida propone modificar el deber fiduciario bajo criterios t\u00e9cnicos de seguridad y rentabilidad por objetivos de pol\u00edtica p\u00fablica, con lo que expone los recursos a una concentraci\u00f3n de riesgo injustificada.<\/p>\n\n\n\n
El esquema de ahorro individual en Colombia se ha fundamentado hist\u00f3ricamente en una premisa legal que indica que los recursos de las pensiones deben administrarse \u00fanica y exclusivamente seg\u00fan criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez para el trabajador. Por esto, FEDe. Colombia alerta sobre el reciente proyecto de decreto publicado por el Gobierno nacional, que pretende fijar un techo global del 30% a las inversiones de los fondos en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis preliminar de la Fundaci\u00f3n ha identificado que el argumento expuesto en el documento t\u00e9cnico del proyecto del Gobierno parte de premisas que podr\u00edan re\u00f1ir con el marco legal vigente y con la realidad del mercado de capitales colombiano.<\/p>\n\n\n\n
Es inquietante que el proyecto parece buscar un cambio en la finalidad de los fondos. Al forzar una repatriaci\u00f3n masiva de capitales para alinearlos con \u201crequerimientos estructurales de inversi\u00f3n de la econom\u00eda nacional\u201d, el Gobierno introduce un criterio de utilidad p\u00fablica que no est\u00e1 previsto en la Ley 100 de 1993. Esto supone la siguiente cuesti\u00f3n jur\u00eddica, que se aparta de los principios fundacionales del ahorro pensional bajo el sistema del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad: si los ahorros pensionales deben servir para financiar la infraestructura del Estado, cuando, en el esquema existente, el prop\u00f3sito principal es garantizar la mejor mesada posible al afiliado.<\/p>\n\n\n\n
FEDe. Colombia observa con preocupaci\u00f3n que el proyecto de decreto y su soporte t\u00e9cnico asumen que el mercado local tiene unas dimensiones y una profundidad sin bases en la realidad. Obligar a que los fondos introduzcan billones de pesos en la econom\u00eda nacional en plazos, sin una oferta suficiente de activos con viabilidad de inversi\u00f3n, podr\u00eda generar burbujas artificiales de precios de los instrumentos locales. Esto implicar\u00eda que los trabajadores colombianos terminar\u00edan comprando activos en Colombia m\u00e1s caros por obligaci\u00f3n regulatoria, y vendiendo posiciones internacionales rentables, lo que destruir\u00eda el valor patrimonial de sus ahorros de forma irremediable.<\/p>\n\n\n\n
La Fundaci\u00f3n considera que intentar dirigir el flujo de recursos de las cuentas personales de los afiliados hacia sectores definidos por el Gobierno constituye una intromisi\u00f3n indebida en la gesti\u00f3n del ahorro individual, que es propiedad privada seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, con la l\u00f3gica del presupuesto p\u00fablico. Esta intervenci\u00f3n normativa genera un costo de oportunidad alt\u00edsimo para el afiliado, pues impide la maximizaci\u00f3n de los rendimientos necesaria para asegurar una pensi\u00f3n acorde con su capacidad de ahorro.<\/p>\n\n\n\n
Al limitar por medio de un decreto la posibilidad de invertir all\u00ed donde los mercados ofrecen mayor valor, el Gobierno estar\u00eda condenando el ahorro de los trabajadores a rendimientos sub\u00f3ptimos, con el objetivo eventual de suplir las necesidades de financiaci\u00f3n estatal en lugar de proteger el futuro pensional de los cotizantes.<\/p>\n\n\n\n
Inclusive, el proyecto de decreto exige a las administradoras, en el caso de que no puedan cumplir con el l\u00edmite de repatriaci\u00f3n, justificarlo t\u00e9cnicamente ante la Superintendencia Financiera. Esto invierte peligrosamente la carga de la prueba y limita la libertad administrativa de los fondos, pues convierte el deber fiduciario y profesional de proteger el portafolio en una excepci\u00f3n sujeta a supervisi\u00f3n y autorizaci\u00f3n por parte del Estado. Con esta medida, se burocratiza la toma de decisiones de inversi\u00f3n y se limita la capacidad de reacci\u00f3n ante las volatilidades del mercado.<\/p>\n\n\n\n
FEDe. Colombia continuar\u00e1 haciendo un seguimiento riguroso de este tr\u00e1mite y radicar\u00e1 sus observaciones t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas ante el Ministerio de Hacienda antes del cierre de la consulta p\u00fablica, previsto para el pr\u00f3ximo 4 de febrero. Si se sanciona el decreto sin subsanar antes los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad identificados, la Fundaci\u00f3n proceder\u00e1 a interponer las acciones judiciales pertinentes ante el Consejo de Estado para salvaguardar la integridad del ahorro pensional de los colombianos.<\/p>\n\n\n\n
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