Corte de cuentas del gobierno de Gustavo Petro
Contrastamos las propuestas de campaña y los compromisos públicos del gobierno de Gustavo Petro con los resultados de su mandato. El balance de expertos y del equipo de FEDe. Colombia da cuenta del legado que deja este gobierno en paz y seguridad, corrupción, salud, manejo de medios públicos, meritocracia y promoción de la excelencia, política fiscal, Estado de derecho, y política y gestión territorial. Consulte acá todas las charlas.
paz total
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Gerson Arias
Analista – Fundación Acordemos
Daniel Mejía
Profesor de economía – Universidad de Los Andes
Isabel Aldana
Abogada – Fundación para el Estado de Derecho
- El gobierno subordinó la política de seguridad a la política de Paz Total. Les dio estatus político a grupos criminales y dio ceses al fuego a grupos con los que negoció sin condiciones claras, lo que les permitió fortalecerse.
- En los municipios con ceses al fuego, la extorsión aumentó 337%, las amenazas 72%, el reclutamiento de menores 168% y la gobernanza criminal 32%, mientras los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados cayeron 73%.
- FEDe. Colombia presentó 11 acciones para pedirle al Estado garantizar los derechos a la paz y la seguridad.
CORRUPCIÓN
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Jineth Prieto
Coordinadora de investigaciones – La Silla Vacía
Elisabeth Ungar
Exdirectora – Transparencia por Colombia
Andrea Sánchez
Abogada – Fundación para el Estado de Derecho
- La promesa de «cero tolerancia» con la corrupción fue una de las banderas centrales de la campaña de Petro, pero la incumplió. El gobierno replicó prácticas de corrupción ya conocidas en el país, por ejemplo, el uso de figuras como la contratación interadministrativa para evitar concursos públicos y beneficiar a aliados.
- Colombia retrocedió por segundo año consecutivo en el Índice de Percepción de la Corrupción, según Transparencia por Colombia, y cayó al puesto 99 entre 182 países. Casos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres evidenciaron que la “mermelada”, el direccionamiento de contratos y los beneficios a personas cercanas al poder persisten.
- FEDe. Colombia evidenció un patrón sistemático de contratación dirigida que vulnera los principios de selección objetiva, libre competencia y reserva de ley, materializado en directivas y decretos que orientaban la contratación hacia proveedores específicos.
salud
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Andrés Vecino
Profesor – Escuela de salud Johns Hopkins
Sor María Inés Delgado
Directora – Asociación Enfermos Hepáticos
Styven Boyacá
Abogado – Fundación para el Estado de Derecho
- El gobierno prometió garantizar la salud como un derecho con un desmonte del sistema de salud que desató una crisis en la que los pacientes terminaron asumiendo la desfinanciación, las intervenciones y la incertidumbre institucional. Las tutelas por salud pasaron de cerca de 197.000 en 2023 a más de 312.000 en 2025. Además, millones de los colombianos con menores ingresos duplicaron su gasto de bolsillo para pagar consultas y medicamentos.
- El gobierno, además, centralizó decisiones que debían responder a las necesidades de los territorios y destinó cerca de $4 billones a equipos básicos de salud sin indicadores públicos sobre sus resultados.
- FEDe. Colombia demandó varios de los actos con los que el gobierno intentó implementar su reforma a la salud por vía administrativa, sin pasar por el Congreso. Cuestionó las resoluciones que fijaron la Unidad de Pago por Capitación de 2025 y 2026, y logró mediante una acción cumplimiento que la Nueva EPS, intervenida por el gobierno, publicara sus estados financieros.
medios públicos
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Carlos Cortés
Abogado y periodista experto en políticas digitales
Soledad Gómez
Abogada – Fundación para el Estado de Derecho
Luisa Molina
Directora de comunicaciones – Fundación para el Estado de Derecho
- Petro se comprometió en su programa de gobierno a garantizar la participación democrática de los medios estatales y a reformar a RTVC para volver a la red de medios públicos «institucional, popular e independiente». Sin embargo, el sistema de medios públicos se convirtió en una herramienta partidista al servicio de la visión política del gobierno y con exclusión de voces críticas.
- Los contenidos informativos y de opinión pasaron de 1 hora y 30 minutos diarios en el gobierno de Iván Duque a 10 horas y 20 minutos en el de Gustavo Petro, según una investigación de La Silla Vacía. También, se redujeron los contenidos educativos y culturales.
- FEDe. Colombia documentó de forma sistemática el uso del sistema de medios públicos y adelantó una acción popular por la vulneración del pluralismo, el equilibrio y la imparcialidad informativa de RTVC.
meritocracia
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Jennifer Pedraza
Senadora Dignidad y Compromiso
Laura Villa
Economista experta en servicio civil
Andrea Sánchez
Abogada – Fundación para el Estado de Derecho
- Las promesas de eliminar nóminas paralelas, reducir los contratos por prestación de servicios y privilegiar el mérito se diluyeron. El Banco de Hojas de Vida recibió más de 20.000 inscripciones, pero cerca de 2.000 personas fueron seleccionadas por orden de llegada y sin un comité que evaluara sus perfiles.
- Los concursos de mérito en la DIAN y Colpensiones no se hicieron efectivos, mientras la alta rotación habría estado acompañada por una repartición política de cargos.
- FEDe. Colombia adelantó acciones contra cambios en manuales de funciones que flexibilizaron requisitos para cargos públicos, como el segundo idioma para embajadores y la inclusión de filosofía y teología en perfiles relacionados con licencias ambientales.
política fiscal
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Mauricio Cárdenas
Exministro de Hacienda
Mauricio Reina
Investigador asociado – Fedesarrollo
- El gobierno le apostó a endeudarse más y más caro para sacar adelante sus políticas. Le deja la deuda más alta en la historia al gobierno entrante, equivalente al 61% de PIB, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. También pasó de recibir el patrimonio de la nación en 137 billones de pesos a entregar un patrimonio negativo de 273 billones.
- El gobierno cambió el modelo con el que se venían manejando las finanzas públicas al romper con la regla fiscal, y los actores privados dejaron de recibir recursos públicos en sectores como la salud, las pensiones y la energía.
- Hay señales de alerta sobre el estado de las finanzas públicas que pueden desencadenar en una crisis fiscal súbita. Para evitarla el gobierno entrante debe hacer un ajuste para garantizar la estabilidad macroeconómica, garantizar que el sector privado aumente la inversión y remplace al sector público como motor de la economía, e impulsar políticas redistributivas efectivas para mejorar las condiciones de la población, por ejemplo en educación y potencial productivo.
estado de derecho
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Mauricio Pava
Abogado fundador – Protejamos la Constitución
Carlos Esguerra
Exministro y miembro Asamblea Nacional Constituyente
Andrés Caro
Director – Fundación para el Estado de Derecho
- El programa de gobierno prometió «garantizar el equilibrio de poderes», respetar el sistema de pesos y contrapesos y «derrotar a las mafias que han coptado los poderes públicos»; el presidente también se comprometió a respetar el Estado social de derecho. Sin embargo, el Ejecutivo tensionó de forma reiterada esos límites, por ejemplo, cuando convocó una consulta popular por decreto para pasar la reforma laboral, a pesar del rechazo del Senado.
- Esa tensión se vio reflejada en el impulso a una Asamblea Nacional Constituyente como una respuesta a la no aprobación de sus reformas en el Congreso.
- El presidente también sembró una narrativa de fraude electoral sin pruebas y cuestionó a la Registraduría. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó retractarse de sus señalamientos y abstenerse de repetirlos. Pero el presidente ignoró la medida cautelar y siguió con la narrativa de fraude.
política territorial
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María Carolina Castillo
Presidente ejecutiva – ProBogotá Región
Lorena Garnica
Abogada y profesora experta en derecho agrario – Universidad Externado
María Paula Clavijo
Abogada – Fundación para el Estado de derecho
- El gobierno prometió una transformación territorial ambiciosa que incluía avanzar en la reforma rural, formalizar la tenencia de la tierra y proteger la producción de alimentos. Diseñó un aparato regulatorio que derivó en inseguridad jurídica y una implementación a medias. Las cifras que el gobierno presentó como titulación mezclaban entregas provisionales y restitución de tierras, haciendo que las cifras fueran poco confiables.
- El catastro multipropósito, que debía servir ante todo para regularizar masivamente la tenencia de la tierra, se redujo a su componente económico: el IGAC fijó incrementos masivos del avalúo catastral en zonas rurales de 527 municipios, disparando la base del impuesto predial de los propietarios rurales. Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) trasladaron al Gobierno Nacional la definición del uso del suelo, que es competencia de las autoridades locales.
- FEDe. Colombia demandó ante el Consejo de Estado las resoluciones que crearon las APPA y las ZPPA, y demandó la resolución del IGAC por su metodología de valoración. También intervino ante la Corte Constitucional en el debate de constitucionalidad del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, por la violación de la autonomía territorial.