¿Qué es el Estado de derecho?
El Estado de Derecho es el conjunto de principios, normas e instituciones que regulan las relaciones entre las personas, y entre las personas y el Estado. Su objetivo es asegurar que el poder público se ejerza dentro de los límites de la Constitución y la ley, y que las instituciones funcionen conforme a reglas claras, conocidas y respetadas.
A través de la democracia participativa y representativa, la separación de poderes y el principio de legalidad —según el cual las autoridades solo pueden actuar dentro de los límites de la ley—, el Estado de Derecho protege los derechos y las libertades de cada persona, y define las reglas básicas para la convivencia en una sociedad abierta. Esto exige no solo que existan leyes, sino que estas sean claras, estables, públicas y aplicadas por jueces independientes e imparciales.
En la Fundación para el Estado de Derecho trabajamos para que estos principios se cumplan y se respeten, porque estamos convencidos de que son la base de una democracia liberal efectiva y funcional, y de un país donde la Constitución y las reglas de juego se cumplan para todas las personas.
Conoce nuestros principios:
Imperio de la ley y principio de legalidad
En el Estado de Derecho todas las personas, todas las instituciones y todo ejercicio de poder público están supeditados a la Constitución Política de 1991 y a las leyes. Las normas deben aplicarse de manera justa, equitativa y predecible, sin excepciones ni privilegios. Nadie está por encima de la ley.
Gobierno constitucional y separación de poderes
La división del poder público en ramas independientes y autónomas sirve para asegurar las libertades de los ciudadanos y para controlar el ejercicio del poder.
Derechos y libertades
Todos los individuos son libres y dignos. Todas las personas tienen derechos humanos que son anteriores a cualquier arreglo político y que la Constitución y las leyes consagran y deben proteger.
Democracia representativa
Las elecciones a los cargos públicos deben ser libres, competitivas, periódicas y pacíficas. En una democracia liberal todas las personas tienen derecho a elegir y a ser elegidas a través de procesos electorales participativos, competitivos, verificables y abiertos que se realicen según cronogramas y mecanismos establecidos por las leyes.
Ciudadanía democrática, sociedad civil y libertad de expresión
Todas las personas tienen el derecho de ejercer la ciudadanía. Para hacerlo, deben poder participar en los debates públicos y en las instituciones democráticas, así como en el control al Estado. También deben poder organizarse en instituciones de la sociedad civil que no tengan intervención del Estado y expresarse libremente sin temor a la censura o la intimidación. El Estado y sus funcionarios no pueden usar medios ni recursos públicos para mentir, difundir propaganda partidista ni para perseguir a opositores.
Igualdad y oportunidades
La igualdad se predica de las oportunidades y no de los resultados. Una sociedad justa es aquella en la que las personas tienen posibilidades para desarrollar su personalidad sin importar sus condiciones socioeconómicas individuales. El Estado debe velar activamente por la igualdad de oportunidades.
Empresa, economía y Estado
El desarrollo económico basado en el funcionamiento adecuado del libre mercado y de la competencia trae prosperidad. La manera más eficaz de acabar con la pobreza es con una economía de mercado dinámica que proteja los derechos de propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y que estimule la actividad empresarial competitiva. Para poder repartir la riqueza, primero hay que crearla. El funcionamiento del libre mercado requiere un Estado capaz de vigilar, controlar y atender fallas en el mercado de una manera respetuosa de la ley y de las libertades de las personas. El crecimiento económico, la creación de riqueza y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de Colombia deben ser compromisos del Estado y de la sociedad.
Estabilidad macroeconómica
El Estado debe proteger el patrimonio de las generaciones futuras asegurando la estabilidad de las finanzas públicas. El manejo prudente de la macroeconomía es esencial para el desarrollo sostenible del país.
Buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción
Es necesario que haya una administración pública competente en términos técnicos e idónea en términos morales. Por eso, es necesario que lleguen a la administración las personas más capaces y las más honestas. La corrupción, la opacidad y el clientelismo no son aceptables.
Seguridad, soberanía y monopolio de la fuerza
El Estado debe proteger los derechos y las libertades de las personas y debe ejercer el monopolio de la fuerza en todo el territorio nacional. La seguridad personal es un requisito esencial para el cumplimiento de las leyes, la materialización de los derechos y para garantizar el desarrollo. No hay ni debe haber lugares vedados a la Fuerza Pública ni a las instituciones estatales, ni lugares donde no se apliquen la Constitución y las leyes.
La Fundación cuenta con un equipo profesional y diverso, especializado en distintas áreas y comprometido con nuestras ideas y con Colombia.
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